El primer deber del Govern es respetar las leyes

Por Nina Parrón.
Se dice que las épocas de crisis pueden ser también de oportunidades y estamos de acuerdo, pero ciertamente, esta crisis está siendo la de los retrocesos de nuestros derechos. Los recortes no sólo repercuten en nuestros bolsillos sino en nuestro empleo, en nuestra educación, vivienda y salud. Todos son derechos fundamentales. Dicen que el Estado no tiene dinero, por la crisis, aunque tal vez sea mejor llamarla “la gran estafa” porque lo que constata la ciudadanía es lo mucho robado por quienes debían gestionar y solo con que se devolviera lo robado en esos años de mal gobierno, que todas y todos sabemos, las consecuencias de la crisis no sería tan devastadora.

La Ley Orgánica de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es joven, de 2010. Con la excusa de las arcas vacías, la consellera Carmen Castro terminó el año anunciando que en 2012 se dejaría de concertar servicios de interrupción voluntaria de embarazo con las clínicas privadas acreditadas y que estos se harían en hospitales públicos. Sin contar en ningún momento con los y las profesionales sanitarios y sin la necesaria reorganización de los hospitales públicos.

Ante la exigencias de garantía de que se respete el derecho a abortar según la ley, la consellera aseguró públicamente que las mujeres que se vieran en trance de abortar, lo harían en hospitales públicos y los casos en que no se pudiera cubrir, se remitiría al sector privado, haciéndose cargo la Administración del pago por los servicios. Sus garantías son papel mojado, la primera directriz formal al personal sanitario por parte del Ib-Salut, es derivar a las clínicas privadas, y que las mujeres costeen la intervención, con la promesa de que el importe les será reintegrado tras presentar factura.

La ley lo expresa claramente: Artículo 18. Garantía del acceso a la prestación: “1. Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta ley. Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud… 2. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma… Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”. Todo esto, firmado por el rey Juan Carlos el 3 de marzo de 2010.

Está claro que este Govern incumple la ley. No vale la argumentación del señor Bestard, director del Ib-Salut: “aunque la ley obliga a asumir directamente el abono de la prestación, no especifica que se realice de forma anticipada”. Nos preguntamos, ¿cuándo se lo devolverán, a los dos años? Esto es como si un centro educativo público derivase a las y los niños a centros concertados y pidiesen a las madres y padres que adelantasen el coste de los estudios, asegurando que ya se lo devolverían. Tremendo, ¿no? Pues esto es lo que pasa en este caso. Además, con el concierto con las clínicas privadas, la identidad de las mujeres estaba asegurada porque en la factura que se enviaba al Ib-Salut, figuraba el número de expediente, nunca la identidad de las mujeres, pero que deberá aparecer ahora cuando éstas presenten la factura para su pago. Esto vulnera una vez más la ley al no asegurar la intimidad de las mujeres.

Preguntado por los medios de comunicación, el señor Bestard afirma que este modelo mejora la situación anterior. Al parecer, el cinismo, no conoce límites.
Las mujeres que se encuentren en esta situación deben exigir que les cubran un derecho reconocido y no adelantar ni un euro; les proponemos que pidan el libro de reclamaciones de Ib-Salut y que denuncien esta situación a la asociación del Defensor del Paciente (defensora@telefonica.net). Por nuestra parte, estamos trabajando intensamente para canalizar las denuncias y apoyar a las mujeres en su tramitación, manteniendo siempre su privacidad. Y si la Administración insiste en incumplir la ley, podemos denunciarla a los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos de las mujeres.

Hemos preguntado a la directora del Institut de la Dona, Manuela Messeguer, al respecto y ha reconocido que se está enterando por la prensa. ¿Es esto lo normal para el órgano que representa la defensa de los derechos de las mujeres baleares?
La Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene muchos enemigos, la extrema derecha y los fundamentalistas católicos. Estos piden que el aborto se tipifique como delito, y están en contra de todas las medidas progresistas (dicen que la boda civil es más leve que un contrato telefónico). El último ejemplo lo brinda el arzobispo de Granada, Javier Martínez, que en su homilía del domingo 8 de enero comparó la reforma de la Ley del Aborto con el régimen de Hitler y dio a entender que la mujer que aborta “mata a un niño indefenso” y, por tanto “da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar” de su cuerpo. La oficina de información de los obispos del sur, por si no nos habíamos enterado bien, explicó que “el arzobispo se refería a que si la madre es capaz de matar a su propio hijo, el varón tiene entonces autoridad absoluta para hacer lo que quiera con ella y con su cuerpo”.

Estas manifestaciones son un delito en sí mismo. Este es el lobby al que el Govern escucha. La consigna más antigua del movimiento feminista es “Anticonceptivos para no abortar, aborto para no morir” pero también tenemos otra que dice “¡Sacar vuestros rosarios de nuestros ovarios!”.

Lo que hay que hacer es invertir dinero y esfuerzos en educación sexual en términos de igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres y acabar con la falta de recursos e interés para llevarla a cabo desde los organismos públicos. Serán nuestras reivindicaciones en la manifestación convocada en defensa de la sanidad pública el próximo domingo 15 a las 18 horas.

Basta de hipocresías, desde siempre abortan mujeres de la derecha y de la izquierda, las ricas y las pobres, pero son éstas últimas las que se encuentran en peor situación al tener que adelantar una gran suma en los momentos más difíciles. Por ellas luchamos y a todas defendemos.

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